A Euskadi, a fecha del 14 de julio del 2016, han llegado 27 personas procedentes de Turquía en el marco del programa de reubicación y 9 del de reasentamiento.

2. La respuesta de Europa:

En Alemania Angela Merkel ha tolerado durante algún tiempo la derogación tácita del Convenio de Dublín (que obliga a pedir asilo en el primer país seguro), permitiendo una afluencia importante en su territorio, pero posibilitando también el resurgimiento de movimientos xenófobos y racistas.

Dinamarca ha modificado su normativa de extranjería permitiendo confiscar los bienes de los refugiados que superen las 10.000 coronas danesas (1.340€). Se retrasa hasta 3 años el proceso para permitir las reagrupaciones familiares.

Inglaterra establece en Cardiff un sistema de pulseras de colores para solicitantes de asilo de cara a identificar las tres comidas diarias que debían hacer. En Middlesbrough se pintan las puertas de rojo en las casas de refugiados, al igual que se hacía con los judíos en la Alemania nazi.

Suecia fija la posibilidad de expulsar hasta 80.000 solicitantes de asilo de su territorio y ha dejado en suspenso sus obligaciones en el proceso de reubicación hasta Junio de 2017 (Decisión 2016/946 del Consejo). Mientras, Finlandia pide a los solicitantes de asilo que trabajen gratuitamente.

En Hungría, el Presidente Viktor Orban ha construido una valla de 175 kilómetros en la frontera con Serbia y además ha modificado el Código Penal estableciendo penas privativas de libertad de 3 años a inmigrantes y solicitantes de asilo. Va a convocar un referéndum para que el pueblo magiar decida si acepta las cuotas de personas refugiadas. Está prevista la construcción de nuevas vallas en la frontera con Croacia y  Rumania.

Mientras tanto, Grecia no puede hacer frente a la tragedia humanitaria que se vive en varias de sus islas. Solo en 2015, llegaron 868.000 personas a las costas griegas. No tiene capacidad para garantizar la acogida, asistencia sanitaria primaria, e identificación de los solicitantes.

En el Estado español, se produce una queja del Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, sobre las devoluciones ilegales y la arbitrariedad de los traslados de solicitantes de asilo a la península. Además, la Ley de Seguridad Ciudadana ha sido modificada permitiendo la legalización de las eufemísticamente llamadas ”devoluciones en caliente” introduciendo una enmienda en la Ley de Extranjería. También sigue sin aprobarse después de 6 años, el Reglamento que desarrolle la Ley de Asilo 12/2009.

3. El acuerdo UE-Turquía

El “Acuerdo” Unión Europea-Turquía contrariamente a lo que se viene informando no es tal, y así se descubrió el 9 de Abril de 2016. Este acuerdo no es producto de la cumbre del Consejo Europeo y Presidente de Turquía que tuvo lugar el 17 y 18 de Marzo, sino que se trata de una aplicación del Acuerdo de 16/12/2013 suscrito entre la Unión Europea y Turquía “sobre readmisión de residentes ilegales” (Decisión del Acuerdo de 14 de abril de 2014, relativa a la celebración del Acuerdo entre la Unión Europea y la República de Turquía sobre readmisión de residentes ilegales), cuya vigencia estaba prevista que se iniciara el 1 de Octubre de 2017, y cuyo inicio de efectos se adelanta al 1 de Junio de 2016, para  afrontar la grave crisis humanitaria de personas refugiadas.

El acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía no tiene por destinatarios a los refugiados, sino que se refiere a la readmisión de residentes en situación de estancia irregular que se encuentren en Turquía o en alguno de los Estados de la Unión. Además, las primeras deportaciones desde Grecia a Turquía se hicieron en aplicación de otro acuerdo bilateral entre ambos países, y solo a partir del 1 de Junio de 2016, fue cuando entró en vigor el Acuerdo U.E. Turquía.

CEAR ha denunciado este Acuerdo ante la Comisión Europea y la Defensora del Pueblo Europeo basándose en la vulneración de los derechos de las personas migrantes y refugiadas y de la normativa europea e internacional.

El acuerdo UE-Turquía se enmarca dentro del Plan de Acción Conjunto que prevé medidas destinadas a reforzar la cooperación entre UE y Turquía para aportar soluciones a la actual crisis migratoria. Turquía se compromete a aceptar la rápida devolución de los migrantes en situación irregular y de los solicitantes de asilo llegados a Grecia desde Turquía, cuyas solicitudes de asilo hayan sido declaradas inadmisibles.

Por su parte, la UE se compromete a aportar fondos a Turquía (3000 millones de euros ya comprometidos y otros 3000 millones € adicionales a finales de 2018, si cumplen con el acuerdo), así como acelerar la ejecución de la hoja de ruta para la liberalización de los visados, y reactivar las negociaciones de adhesión de Turquía a la UE.

El objetivo del “acuerdo” es desincentivar los flujos migratorios irregulares desde Turquía, desmontar el modelo de negocio de las mafias, y establecer unas vías legales y seguras hacia Europa para aquellas personas que requieran protección internacional. Establece que, cualquier migrante llegado de manera irregular a Grecia después del 20 de Marzo que no haya solicitado asilo, o cuya solicitud haya sido declarada inadmisible, será devuelto a Turquía. Las personas sirias llegadas a Grecia después del 20 de Marzo también serán devueltas a Turquía. Por cada uno de esos sirios devueltos a Turquía, la UE se compromete a reasentar en su territorio a un refugiado sirio que se encuentre en Turquía. No se menciona a personas refugiadas de otras nacionalidades.

Los personas solicitantes de asilo en Grecia serán objeto de un procedimiento acelerado, en virtud del cual no procede examinar el fondo de la solicitud. Este procedimiento permite declarar inadmisible una solicitud de asilo cuando se considera que un tercer país, en este caso Turquía, efectuaría dicho examen o brindaría una protección suficiente.

CEAR considera que con este Acuerdo se vulneran varios artículos de las siguientes normativas:

1- Directiva 2008/115/CE del Parlamento Europeo y del Consejo,  relativa a normas y procedimientos comunes en los Estados miembros para el retorno de los nacionales de terceros países en situación irregular (artículo 2.2 sobre garantías procedimentales; artículos 12, 13; y artículo 15 sobre no internamiento solicitantes asilo)

2- Directiva 2013/32/UE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre procedimientos comunes para la concesión o la retirada de la protección internacional (artículo 6, 8, 12, 19 y 24 sobre acceso a procedimiento; información y asesoramiento; garantías procedimentales, y procedimientos especiales; así como artículo 38 sobre el concepto de “tercer país seguro”).

3- Directiva 2013/33/UE refundida sobre condiciones de acogida del Parlamento Europeo y del Consejo (artículos 17, 19, 23.2. 24.1. y 25.1. ante la dificultad de autoridades griegas de establecer un procedimiento de acogida conforme a los estándares mínimos inexistentes en Grecia).

4-Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (artículo 18 sobre garantía del derecho asilo conforme a la Convención de Ginebra 1951 y el Protocolo de New York de 1967; y artículo 19 sobre protección en caso de devolución, expulsión, y extradición, con prohibición de expulsiones colectivas).

5- Convención de Ginebra de 1951 (artículo 33 sobre el decisivo principio de “non refoulement” o no devolución).

6-Convenio Europeo de Derechos Humanos (artículo 3 sobre prohibición de tortura o tratos inhumanos o degradantes y artículo 4 del Protocolo 4 sobre prohibición de expulsiones colectivas de extranjeros)

4. Datos: Europa, España, Euskadi

La Organización Internacional de Migraciones informa que a lo largo de 2015 han llegado solo por mar a Europa la estremecedora cifra de 1.011.712 personas, al tiempo que informa ha habido al menos 3.771 muertos/desaparecidos.

Estimación de las muertes de migrantes y refugiados en 2015 a lo largo de las rutas del Mediterráneo (Fuente: OIM)

Hasta el 12 de Julio de 2016, otros 238.220 refugiados más han llegado a las costas griegas e italianas, y asciende a 2.942 el número de muertos o desaparecidos. ACNUR confirma la existencia de 65,3 millones de refugiados y desplazados en nuestro planeta. De este contingente, apenas 1.255.600 pudieron solicitar protección internacional en Europa durante 2015.

En el Estado español tan solo pudieron hacerlo 14.881 personas, apenas el 1% del total de la U.E. El Estatuto de Refugiado lo obtuvieron 220 personas, la protección subsidiaria 800, ninguna lo consiguió por razones humanitarias y hubo 2.220 resoluciones desfavorables. (Fuente: OAR Y MEMORIA CEAR 2015). En 2015, las tres primeras nacionalidades solicitantes de asilo fueron: Siria, Ucrania y Palestina, por ese orden. En el primer trimestre del 2016 sin embargo, Siria ya no es la primera nacionalidad solicitante. Según datos de la OAR, este es el panorama actual:

1.- Ucrania: 795 (27%)

2.- Venezuela: 405 (14%)

3.- Siria: 325 (11%)

^*Total solicitudes primer trimestre 2016: 2.905

Durante 2015, fueron 163 las peticiones de asilo en Euskadi. La mayoría de las cuales se tramitaron en Bizkaia (132), seguido de Gipuzkoa (17) y Araba (14). En cuanto a las nacionalidades, cabe destacar que la mayoría de las solicitudes fueron de personas de nacionalidad ucraniana, en su mayoría hombres jóvenes y en muchos casos, el motivo principal de su huida fue el reclutamiento forzado.

La tendencia permanece en 2016, ya que, a fecha 4 de mayo del presente año, se registraron en Euskadi 106 peticiones de asilo, siendo en este caso Venezuela la nacionalidad más demandante, seguida de Ucrania y Siria.

1. Se debe cambiar el enfoque de las políticas de migración y asilo poniendo en el centro a las personas y a sus derechos.

2. Se debe cumplir la legalidad europea e internacional.

3. Es preciso retirar el acuedo de la UE y Turquía para no vulnerar los derechos humanos de las personas refugiadas.

4. Se deben habilitar vías legales y seguras para que las personas refugiadas no tengan que arriesgar su vida en peligrosas rutas. Debe garantizarse, especialmente, que las mujeres no estén sometidas a violencia sexual y de género, y que los menores y las personas con diversidad funcional reciben la protección adecuada.

5. Es preciso garantizar una acogida digna y una adecuada protección que incluya la atención sanitaria y el respeto a los Derechos Humanos así como cumplir los compromisos asumidos en este sentido, habilitando los presupuestos y los recursos acordes al desafío humanitario fruto de las guerras y desigualdades.

6. Debe garantizarse la protección de las organizaciones y las personas que apoyan a la población refugiada.

7. Deben combatirse activamente los discursos y narrativas xenófobas.

8. Se debe poner fin a la militarización de la zona que puede derivar en conflictos aún más complejos con gravísimas consecuencias para la población.

9. Se debe apostar por una política europea y presupuestaria común que de apoyo a la situación de personas refugiadas y migrantes.

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