Boletín de recursos de información

nº48 Octubre 2016. Centro de Documentación HEGOA

El Boletín de recursos de información del Centro de documentación Hegoa vía e-mail es una propuesta de distribución de documentación en formato electrónico a los agentes sociales de la cooperación internacional de la CAPV. Cada número ofrece información básica sobre un tema destacado, del que se reseñan recursos de documentación actualizados, así como una sección fija de recursos sobre cooperación internacional.

Indice: Tema central :: Referencias

Tema Central: Algunas virtualidades de la Renta Básica.

Resúmen:Tras ver el concepto de la Renta Básica Incondicional y su evolución histórica, se analiza su viabilidad financiera, para abordar, a continuación, su relación con el avance en la justicia social, la redistribución de la riqueza y la libertad. Posteriormente se examina el Derecho Internacional que, de forma imperativa, reconoce el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado, para finalizar con algunos ámbitos de interés referidos, concretamente, a la incidencia de la renta básica en las áreas del trabajo, de la igualdad de género, de la democracia y la participación ciudadana, de la juventud y de la eficiencia de la administración.

Palabras clave: Renta básica, riqueza, derecho, igualdad, trabajo.

Abstract: We start off by reviewing the concept of unconditional basic income alongside its historical evolution, passing on to analyse its financial feasibility in order to tackle basic income’s relation with social justice, redistribution of wealth and personal liberty. We examine the existing international legislation that imperatively recognises the right of all people to an adequate level of life. Finally, we examine the use of basic income as a tool in diverse areas such as employment and work, gender equality, democracy and citizen participation, youth, and efficiency of the administration.

Keywords: basic income, wealth, rights, equality, employment/work.

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Indice

La Renta Básica y su evolución

Viabilidad financiera de la Renta Básica

La Renta Básica: justicia social, redistribución de la riqueza y libertad

La Renta Básica como herramienta para garantizar el derecho internacional a un nivel de vida adecuado

Algunos ámbitos de interés para la Renta Básica:

El trabajo

La igualdad de género

La democracia y la participación ciudadana

La juventud

La eficiencia de la administración

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La Renta Básica y su evolución

La RB, no es simplemente una herramienta de redistribución de la riqueza o la lucha contra la pobreza, sino que es también un modo de garantizar la existencia material de cada persona, y que el conjunto de la sociedad pueda ser más libre (Raventós, 2016). En concreto, según el concepto aprobado por la Basic Income Earth Network, en lo sucesivo BIEN, que es la red internacional que trabaja a favor de la implementación de la RB, ésta se traduce en un pago periódico, individual e intransferible. Es universal e incondicional, es decir: se le distribuye a toda la población, independientemente de la edad, la raza, el género, el origen, o la condición socioeconómica y laboral. No está atada a ningún estatus económico o laboral, ni a un determinado nivel de renta (BIEN).

Como concepto, la RB implica grandes cambios al paradigma o modelo capitalista, que transformaría los principios por los cuales se rige este modelo, sin llegar a desafiarlo (Gajwska, 2014). Aunque el debate de la RB universal e incondicional es un tema de actualidad política, la idea básica tiene orígenes en la idea del pago mínimo que se desarrolló ya en el siglo XVI. Históricamente ha sido defendida además por personalidades de diverso origen ideológico y político, desde Martin Luther King, Milton Friedman, Friedrich Hayek, hasta Claus Offe, Philippe van Parijs o Philip Pettit (Noguera, 2014; Bregman, 2014). Además, hoy personajes como Barack Obama, presidente en funciones de Estados Unidos, Yannis Varoufakis, exministro griego de finanzas en el Gobierno de Alexis Tsipras, y el premio nobel de química de 2010, Ei-ichi Negishi, entre muchas personalidades públicas, han defendido la política de la RB universal.

El siglo XX ha visto tres oleadas de defensa por la RB, la última de ellas en los años setenta y ochenta, en las cuales surgieron debates a nivel nacional en países como Dinamarca, Países Bajos, Reino Unido, Francia y Alemania, que a través de contactos culminaron en la creación de la Red, a nivel internacional, BIEN. Además, a mediados de los años 1970, se impulsó esta política de manera definitiva y decisoria en Alaska. En concreto, el descubrimiento y producción de petróleo impulsó la creación de una fundación que gestionabalos fondos y beneficios producidos por el petróleo y que distribuía dividendos entre la población con el fin de compartir la riqueza generada por este bien.

A la implementación de esta política en Alaska le siguen más recientemente experiencias piloto en Alemania, otra con personas sin domicilio en Londres o proyectos piloto de RB en Holanda y Finlandia - en este último los sondeos apuntan a un 80% de aprobación- (Pérez, 2015). Otros países han visto el surgimiento y avance de movimientos sociales que han puesto el tema en la agenda política. Así, hay que mencionar la Iniciativa Ciudadana Europea sobre  Renta Básica Incondicional, que durante el año 2013 recogió casi 285.000  firmas de ciudadanos europeos o lo acontecido en Suiza, que ha sido el primer país en llevar a cabo un referéndum acerca de la RB en Junio del 2016, que fue derrotado con el 23,1% de votos a favor y el 76,9% en contra (BBC, 2016). A pesar del resultado general, las organizadoras de la campaña de Referéndum de la RB en Suiza se enorgullecen de haber puesto el tema en la agenda, y que los resultados mostraron que la mayoría de jóvenes son favorables a esta política, apuntando hacia la existencia de una generación pro-renta básica (Studhalter, 2016).

Los medios de comunicación tanto a nivel nacional como internacional han hecho eco de la puesta en la agenda de este tema por colectivos sociales, mostrando un incremento de la cobertura mediática a lo largo de varios años. Además, en los últimos dos años se han realizado tres encuestas a nivel europeo que muestran una gran mayoría social a favor de esta política. Una se ha realizado en Catalunya en julio del 2015 con una muestra de 1.600 personas. La segunda, en abril de 2016 se desarrolla a nivel europeo con el muestreo más grande hasta ahora realizado, de 10.000. Por último, la UPV/EHU, realiza una encuesta a 3.057 personas, de las cuales hay 1.479 estudiantes y 1.330 trabajadoras. La falta de información parece ser decisiva para estar a favor de la RB, ya que en las dos primeras encuestas hay un 72% de personas a favor de ésta, mientras que en la de la UPV/EHU este porcentaje es alrededor de 52%, con un 25% de indecisas. Ésta es la única encuesta que por falta de presupuesto no expuso previamente alguna información detallada acerca de lo que es la RB. En general, no sólo se refleja que la mayoría de personas encuestadas están a favor de esta política, sino que pocas personas (alrededor de un 4%) dejarían de trabajar, un dato que puede ser crucial para desmantelar los argumentos de las personas que están en contra de la RB (Bollain, 2016b).

Viabilidad financiera de la Renta Básica

Para estudiar la viabilidad hay que referirse a la investigación que sobre la financiación de la RB ha sido realizada en los últimos años, primero en Cataluña (Arcarons et al., 2013), luego en Gipuzkoa (Arcarons et al., 2014a) y, últimamente en el conjunto de España, a excepción de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra que cuentan con una fiscalidad propia (Arcarons et al., 2014b). Para tal investigación se ha contado con una amplísima muestra de liquidaciones de IRPF. En el caso de Catalunya y España una muestra muy representativa de declaraciones del ejercicio fiscal 2010: 250.000 declaraciones en Catalunya, que reflejan más de 4.000.000 de personas declarantes (sobre un total de casi 6 millones, que implican un grado de cobertura del IRPF en torno al 80%); y, en el caso español, una muestra de declaraciones de 1.944.434, que implica una población declarante de 21.928.822 y una población detectada 34.289.991 (grado de cobertura del IRPF del 78,3%). En el caso de Gipuzkoa se han contado con todas la declaraciones realizadas en el ejercicio 2011, aproximadamente 450.000, que cubren una población declarante de 680.000 (96% de cobertura del IRPF sobre la población total de la provincia). Y como resultados se han extraído los siguientes:

1- Es posible financiar una RB para todas las personas adultas que residen en España de 7.500 euros al año y del 20% de dicha cantidad a los menores de edad. Esta RB no está sujeta a la imposición del IRPF.

2- Para la financiación de esta RB el dinero saldría de la reforma del IRPF y el ahorro de las prestaciones monetarias que serían suprimidas con la RB, que viene a sustituir toda prestación pública monetaria de cantidad inferior, y que deberá ser complementada cuando sea inferior a la prestación pública monetaria. La reforma de IRPF puede resumirse en:

a. Integración de la base del ahorro en la base general, para evitar que las rentas del capital, que en el actual IRPF constituyen la base del ahorro, sigan teniendo un tratamiento fiscal mucho más favorable que el resto de rendimientos.

b. Eliminación de todos los factores que en el actual IRPF son considerados correctores de inequidad horizontal: los mínimos personales, así como la compensación entre rendimientos.

c. Eliminación de todas las reducciones de la base, fundamentalmente por planes de pensiones y por rendimientos del trabajo y de todas las deducciones de la cuota, fundamentalmente vivienda e incentivos.

d. Tipo único de algo más del 49%.

e. Las cantidades transferidas de los perdedores en el cómputo neto a los ganadores suman unos 35.000 millones de euros, lo que sería equivalente al incremento de presión fiscal que sufrirían estos últimos. Esta cantidad representa el 3,5% del PIB, una cifra absolutamente razonable, muy por debajo de los ocho puntos de menor presión fiscal que tiene España frente al promedio de la UE

3- La reforma propuesta significa una gran redistribución de la renta de los sectores más ricos al resto de la población. Solamente las decilas superiores perderían con la reforma propuesta. Un porcentaje entre un 60% y un 70% de la población situada en los niveles inferiores de renta saldría ganando. Quien realmente ganaría más de forma proporcional sería quien no tiene nada absolutamente: 7.500 euros anuales de RB que no quedarían sujetos al IRPF.

La Renta Básica: justicia social, redistribución de la riqueza y libertad

Aunque el tema ha logrado la progresiva atención de distintas personalidades, así como de los medios de comunicación, y ha permitido la implementación de experiencias piloto, es cierto que algunas posiciones ajenas a la defendida desde BIEN abogan por una RB que sea compatible con el recorte del estado de bienestar a través de la privatización de la educación, sanidad y pensiones (Rallo, 2014). Estas visiones acerca de la RB  eliminan su capacidad para lograr la existencia material garantizada y, por consiguiente, la libertad de las personas.

La RB es una manera de poner el foco en lo injustamente que está repartida la riqueza en nuestro país y a nivel internacional a día de hoy. En el estado español, mientras que casi el 30% de personas viven en situación de pobreza, sólo un 10% posee un cuarto de la riqueza del país. A nivel mundial, son sólo 62 personas las que poseen la mitad de la riqueza (Oxfam, 2016).

Además, las riquezas acumuladas y los beneficios privados han sido logrados con el esfuerzo de todas las personas. Por ejemplo, la innovación tecnológica, en lo que se refiere a la creación de internet, GPS, pantallas táctiles, dispositivos de grabación, buscadores de algoritmos, distintos tipos de baterías, entre otras, ha sido el resultado de una financiación gubernamental a lo largo de varias décadas, es decir, un proyecto de financiación colectiva que no se ha admitido públicamente. El resultado: socialización de los costes – o el riesgo de inversión detrás de la innovación- y privatización de los beneficios. En teoría la idea es que dicha financiación se devuelve al Gobierno mediante los impuestos corporativos, pero en la práctica esto ya no es así: los paraísos fiscales, evasión de impuestos, así como la bajada de impuestos a empresas, evitan que esto se realice (Mazzucato, 2016). Y es que de las 201 empresas principales, 188 están presentes en, al menos, un paraíso fiscal (Oxfam, 2016). El patrón de privatización de los beneficios y socialización de los costes ocurre en la innovación tecnológica, pero también en el sector bancario y financiero en general, así como en la crisis económica más reciente, en la cual los ricos se han hecho más ricos, pero los costes se han facturado a la sociedad.

La Renta Básica como herramienta para garantizar el derecho internacional a un nivel de vida adecuado

El Pacto Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales de 1966, en lo sucesivo PIDESC, que forma parte del ordenamiento interno español tras haber sido ratificado por España y publicado en el BOE nº 103, de 30 de abril de 1977, incluye, entre otros, los derechos a la vivienda, a la salud física y mental y a la educación. Además, España ha ratificado en septiembre de 2010 el Protocolo Facultativo de dicho Pacto Internacional, lo que permitirá la interposición de quejas individuales por vulneración de alguno de los derechos proclamados.

Entre otros artículos del PIDESC cabe destacar el artículo 11.1 que reconoce “el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. Al respecto a España se le recomendó: “Garantizar que todas las medidas de austeridad adoptadas identifiquen el contenido mínimo esencial de todos los derechos del Pacto, y tomar todas las medidas apropiadas para proteger este contenido esencial en cualquier circunstancia, especialmente para las personas y los grupos desfavorecidos y marginados” (Comité Internacional de los derechos económicos, sociales y culturales, en lo sucesivo Comité DESC, 2012)

Y conforme al artículo 2.1 del PIDESC: “Cada uno de los Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos”. La expresión “por todos los medios apropiados” debe ser interpretada en un sentido amplio y dado que son los propios poderes públicos los que cuentan con la información relevante, les corresponde determinar qué medios son más apropiados para realizar progresivamente estos derechos (Comité DESC, 1990). Esto significa que la Administración Pública debe asumir la carga de la prueba y demostrar que las medidas y políticas adoptadas son las idóneas para garantizar un adecuado nivel de cumplimiento de los derechos socioeconómicos. Y el carácter apropiado de un instrumento depende en última instancia de su eficacia para la materialización de los derechos sociales (Comité DESC, 1998).

Precisamente la RB, con la gran redistribución de  riqueza que provoca, permite combatir eficazmente la pobreza, que no es sólo privación y carencia material, habida cuenta de que el importe de la RB debe proporcionar un estándar de vida decente, equivalente al menos al umbral de la pobreza. En otras palabras, acabar aquí y ahora con una situación estructural de falta de ingresos que viola de forma permanente el derecho humano más elemental de millones de personas, pues afecta gravemente a su vida y libertad, que como se ha señalado anteriormente es una obligación jurídica exigible a los poderes públicos (Elías, 2015). Los niveles de pobreza que se alcanzan incluso en países que reciben la etiqueta de desarrollados y el número de personas que viven bajo el umbral de la pobreza no es aceptable para ninguna sociedad del siglo XXI ni para la concepción actual que tenemos de los derechos humanos. Por ello, la RB se convierte en una herramienta indispensable para atacar esta situación (Raventós, 2016).

Algunos ámbitos de interés para la Renta Básica

El interés de la RB no reside únicamente en garantizar la existencia material de cada persona, conseguir la libertad genuina individual y poner un foco sobre la desigualdad radical, sino que además es una herramienta que puede solventar problemáticas muy concretas en relación a diversos colectivos y temáticas sociales actuales. Aquí van algunas de éstas.

El trabajo

Antes de entrar en cómo beneficiaría la RB el trabajo, es importante que se distingan dos conceptos clave: el trabajo y el empleo. El empleo, son una serie de actividades o trabajos remunerados económicamente por el mercado (RRB¹). Por supuesto, un mercado muy concreto, con condiciones y maneras de operar concretas, que se rigen, en gran parte, por intereses económicos que poco tienen que ver con la preocupación por lo social. No hay que olvidar que a lo largo de la historia han existido otros tipos de mercado, y que aún hay otros tipos posibles. En todo caso, el empleo es el trabajo remunerado por este tipo de mercado en que opera la sociedad actual (Raventós y Wark, 2016). Sin embargo, hay mucho más trabajo que empleo, y hay trabajos que no están justamente remunerados o no remunerados en absoluto.

La RB es una manera de dar valor a las actividades y trabajo que realicen las personas, independientemente de cuál sea. Además, es una manera de aportarle una visibilidad que hoy en día, al no estar bien o en absoluto remunerado, está completamente invisibilizado cuando es tan fundamental a nuestra sociedad (RRB¹). Ejemplos de este tipo de trabajo son, por ejemplo, desde el trabajo doméstico al de cuidados, así como el trabajo voluntario, que se entiende como tareas o actividades que no están valoradas económicamente, y están dirigidas a ayudar a otras personas fuera del ámbito doméstico (Raventós y Wark, 2016).

La RB, además, proporcionaría beneficios directos para el empleo actual, ofreciendo a las trabajadoras un mayor poder de negociación, más posibilidades de emprendimiento y empleo autónomo, una mayor oportunidad de empleo a tiempo parcial y, por último, podría reajustar el nivel salarial de ciertos empleos. Al proporcionar una base de existencia material garantizada, las trabajadoras en condiciones precarias, abusivas o de infelicidad en su puesto actual, adquieren un peso de negociación más importante frente al empleador, con la posibilidad y libertad de negarse a realizar trabajos que no estén bien remunerados. Precisamente por este mayor poder de negociación actual, las empleadoras deberán reajustar su estrategia para atraer empleadas a trabajos que son insatisfactorios o desagradables. Esto resultaría en una mayor remuneración de estos empleos, para poder competir con otros trabajos remunerados más gratificantes (Raventós y Wark, 2016).

Esta nueva libertad y poder por parte de las trabajadoras les permitiría dedicarse a lo que a una misma le aporta placer y llevaría a un posible incremento del autoempleo (Raventós y Wark, 2016). Este espacio de liberación podría contribuir a que las personas comenzasen a dedicarse a ciertos trabajos fundamentales para la existencia y supervivencia humana pero que no reciben hoy en día un beneficio económico. Algunos ejemplos son las actividades del medioambiente, recursos naturales sostenibles, bienestar de las personas, contraste urbano y de campo (Rodrigo Zapata, 2016). Así, la RB tiene el poder de redistribuir radicalmente el poder en la relación empleadora-empleada, las condiciones de mercado frente a las condiciones, voluntad y libertad personal; abre un espacio de emprendimiento, de valor por la creatividad, felicidad y trabajos positivos para la sociedad.

La igualdad de género

Si bien es cierto que la renta básica aún no es una idea celebrada por todas las feministas, muchas defienden su implementación por la libertad que podría concederle a la mujer en general, así como su utilidad en problemáticas más específicas, como en el ámbito del trabajo doméstico, violencia de género doméstica o la prostitución, temas que aún están en debate.

La RB, al estar contemplada como una cantidad monetaria individual e intransferible, puede proporcionar una vía de escape a las mujeres que sufren violencia de género en la esfera doméstica, que son incapaces de salir de la situación por dependencia económica de la pareja maltratadora (Katada, 2012).  En el ámbito de la prostitución, puede tratarse de una herramienta fundamental para desatar a las mujeres de una actividad remunerada degradante. Aunque el debate de la prostitución es de los más complicados de los feminismos, y ha dividido a feministas históricamente (De Miguel, 2014) es cierto que independientemente del lado en el que una se sitúe en el debate, es sencillo reconocer cómo puede beneficiar a las mujeres prostituidas: garantizar la existencia material puede hacer más libres a estas mujeres, dejando un espacio para plantearse si ése es el camino que quieren seguir –evidentemente, esto ocurre para la prostitución como para el trabajo en general- , puede permitirles trabajar menos horas y dejarles un espacio diario para dedicarse a sí mismas. Por tanto, la RB para las mujeres prostituidas puede ser una herramienta de acercase más a esa libre elección de la que hablan las personas que están a favor de su regularización.

La libre elección de la mujer en prostitución –es decir, que se dedican a ello porque quieren- es uno de los argumentos más difíciles de contrarrestar en el debate de la prostitución (De Miguel, 2016). Dentro del debate de la RB, sin embargo, se pone sobre la mesa la incapacidad de llamar libre a una persona si no tiene las condiciones materiales de su existencia garantizadas, ya que entonces está atada a la necesidad de buscar actividades remuneradas para sobrevivir (Raventós, 2016a). Más allá del debate, su implementación puede ser una manera de, como mínimo, ofrecer una oportunidad a estas personas de plantearse –al menos materialmente- la posibilidad de vivir de otra manera.

Dejando al margen estas problemáticas concretas, la renta básica ha sido celebrada por feministas por la mejora de condiciones vitales de la mujer. Esto puede traducirse, además, en un incremento de poder en las relaciones sociales y sentimentales: la renta básica contribuye a equiparar el peso, equilibrar el poder y dar voz a las mujeres, tanto en relaciones personales como en relaciones profesionales (Katada, 2012; Pettit 2007). Además, es una manera directa de luchar contra la trampa de la pobreza y la feminización de la pobreza, algo agravado por la crisis económica. Ya que la mayoría de personas que están facultadas para recibir ayudas sociales y que están  en situación límite  -que luego favorecen caer en el círculo de la pobreza- son mujeres, la renta básica puede contribuir directamente a su liberación (Katada, 2012; Parker, 1993).

Sin embargo, como ya se ha mencionado no todas las feministas celebran la idea de la RB. Uno de los principales argumentos es que la renta básica, al valorar el trabajo no remunerado como pueden ser las tareas domésticas, acaba compensando monetariamente por éstas y, por tanto, acabará atando cada vez más a más mujeres dentro de la esfera doméstica (Katada, 2012). Hay mujeres que siempre preferirán adoptar estos roles y la RB se lo permitirá (Hakim, 2000). Sin embargo, responder a las preferencias de las mujeres no necesariamente responde a hacer justicia social, ya que estas preferencias están socialmente construidas con el sesgo de género social (Gheaus, 2008). Sin embargo, no debemos olvidar que existe una gran ideología de género que es la responsable de hacer socialmente aceptable que la mujer tenga el rol de los cuidados domésticos. Por tanto, la RB no es la creadora de esta problemática, sino que es una situación pre-existente a la RB (Baker, 2008). La división sexual del trabajo no procede simplemente de la renta garantizada sino que es una realidad producto de la ideología de desigualdad de género que engloba todo y se traduce en el resultado de políticas diversas sin perspectiva de género, como política de empleo, educativa y mediática (Elgarte, 2008).

En todo caso, la RB es una política de seguridad de ingresos y redistribución de la riqueza y debe ser evaluada como tal, aunque logre tener efectos en otros campos como el de igualdad de género. Sin embargo, los efectos indeseados de este campo son difícilmente achacables a esta política concreta –ya que estas problemáticas ya existen sin esta política- y deben atribuirse realmente a su origen, si queremos combatirlos (Elgarte, 2008).  Por todo ello, las feministas han llamado a una serie de políticas, que acompañadas por la RB pueden luchar contra la división sexual del trabajo. La repartición de cuidados de una manera justa, por ejemplo, se ha transformado en la reivindicación por una baja de paternidad obligatoria y otra serie de medidas que van desde la protesta contra los medios de comunicación y su sesgo de género, pasando por la restructuración del mercado laboral y las condiciones de empleo, hasta la consecución de cuotas y la igualdad salarial completa (Katada, 2012).

La democracia y la participación ciudadana

Existe un amplio debate acerca de las posibilidades de una mejora democrática como efecto de la implementación de la RB. Se ha argumentado que la RB al eliminar la carga temporal del trabajo favorecería la participación a tiempo completo de la ciudadanía en sus diversas comunidades, o lo que Van Parijs (1992) llamó  ‘full participant in the community, participante completo en la comunidad. Dicha participación puede contribuir además a la creación de un nuevo modelo de democracia, ya que la liberación de las trabajadoras puede favorecer entre otras la creación de espacios de deliberación y de asociaciones representativas de sus intereses, ayudándoles a participar en formas políticas tradicionales (Standig, 2013; Stading 2011). El aumento de participación política por una parte, puede resultar beneficioso para la mejora de la democracia, pero además puede reducir los elevados costes de movilización que se invierten durante campañas electorales y otros periodos en los que se pretende implicar a la ciudadanía desafecta.

Las formas de participación política tradicionales sin embargo, ya no sirven para lograr la redistribución de la riqueza ni cubrir las necesidades de las participantes en diversas comunidades. Por ello, cada vez más los movimientos sociales tienden a formas de acción que se basan en la auto-organización (Gawjeska, 2014). El objetivo es crear y proporcionar servicios sociales que el Estado es incapaz de proporcionar (Trombert, 2013). El Estado español ha visto el surgimiento de más de una docena de cooperativas que se autogestionan para proporcionar a sus miembros servicios bancarios, pensiones, educación, sanidad, comida y servicios de vivienda. La introducción de una renta básica podría contribuir, así, al incremento de este tipo de servicios y asociacionismo por parte de dichas sociedades (Gajweska, 2014).

Lejos de los argumentos que niegan este patrón de acción ciudadana y que argumentan que nadie trabajaría si se implementase la RB, el 15M ya ha demostrado que lo que inicialmente se gestó como un movimiento de protesta por la grave crisis económica y la desafección ciudadana, se transformó en colectivos nuevos y pre-existentes que comenzaron a auto-gestionarse en distintos ámbitos como el género, la economía, el trabajo, la organización y la gestión del espacio público. La RB no crearía unos nuevos movimientos de participación ciudadana, sino que potenciaría la actividad que ya existe por parte de la sociedad civil, extendiendo, profundizando y haciendo sostenible la acción social.

La juventud

La RB cumple dos funciones para las y los jóvenes, una de la que se ha hablado más, que está relacionada con las nuevas condiciones a las que se enfrentan, y la otra -a la que quizá se ha apuntado menos- es la de equiparar las condiciones en las que entran a desarrollarse en el mercado laboral o educativo. En esta segunda existen profundas desigualdades entre las y los jóvenes, de las que los medios y el discurso público han hecho poco eco, pero no por eso dejan de existir y formar la desigualdad de oportunidades entre ellas.

La urgencia de la RB para las y los jóvenes surge en gran medida por los devastadores niveles de paro que ha dejado la crisis económica en este colectivo, con la mitad de este colectivo entre 16 y 24 años en situación de paro. Los profundos cambios del mercado laboral -precarización, cada vez más ofertas en el sector de servicios, automatización e informatización del trabajo que elimina puestos, y reducción de demanda en otros sectores- no han sido acompañados por una reforma educativa que prepare a los jóvenes para el mercado y las condiciones futuras a las que se enfrentan. Estas jóvenes, además, tienen especial urgencia por acceder al mercado ya que necesitan de éste para acceder a bienes básicos como son la vivienda y la educación (RRB²).

La ciudadanía está acostumbrada a pensar en desigualdades extremas -como puede ser los sectores ricos de la sociedad frente a las personas que no llegan a fin de mes, o pierden sus hogares- hasta las desigualdades más defendidas por los medios de comunicación -exclusión social, desigualdad de género o la pobreza de las inmigrantes. Pero parece que todo lo que se queda en medio, que es injusto, pero no llega a ser tan extremo, no merece atención, y se pasa por alto considerándolo no tan grave. Pues bien, entre las y los jóvenes existen muchos intermedios. Desde que se alcanza la edad legal de trabajar -e incluso antes- se dividen en dos categorías: entre las que tienen que trabajar para subsistir o las que no tienen esa preocupación y pueden continuar sus estudios o buscar una carrera profesional que les satisfaga. Así, pues, antes de alcanzar la mayoría de edad o al hacerlo, la sociedad de “educación para todas” se divide en dos: las que pueden seguir desarrollándose educacional o profesionalmente con tranquilidad; y las que deben hacer equilibrios de horarios y tiempos, sumas constantes de dinero para llegar a fin de mes, mientras intentan desarrollarse del mismo modo que las otras. Con ello, desde muy pronto, la sociedad se divide y se imponen condiciones muy diferentes a cada una de las personas que en ella participan. Del mismo modo que nadie cuestiona la existencia garantizada de una buena parte de jóvenes, sería profundamente injusto que se cuestionase y negase esta existencia material de la otra parte de jóvenes, en base a la situación socioeconómica en la que han nacido.

La eficiencia de la administración

La RB al reducir costes asociados a la burocracia, a personal, al control y administración de diversos programas sociales que se unificarían en la RB, puede favorecer la desburocratización y, por tanto, la eficiencia de la administración. Además, la seguridad de ingresos está ligada a la infraestructura social, -es decir, los programas sociales que lidian con esta realidad. La RB, al mejorar la seguridad de ingresos, reduce a largo plazo los altos costes asociados a las políticas sociales convencionales que tratan el malestar social después de que se haya agravado. La RB puede ser una forma no sólo de aumentar la eficiencia administrativa, sino de prevenir la exclusión social y pobreza que luego requeriría políticas para tratarlas (Regehr, 2014).

La política de la RB, además de proporcionar una reducción de burocracia y costes, supone una solución al fraude a pequeña escala. Dada su incondicionalidad, al no estar ligada a ningún tipo de actividad que se realice, los incentivos para defraudar se reducen. Es decir, las prestaciones sociales por desempleo, que se pierden cuando una persona vuelve a acceder al mercado laboral, pueden dar pie a que si por un trabajo en el que se cobre algo más que dicha prestación, las personas tengan el incentivo de no abandonar su situación de desempleo. Así como en los subsidios de desempleo, otras formas de subsidio condicionadas pueden dar pie a la falsificación de datos u otros mecanismos a través de los cuales personas que se beneficiaban de la ayuda puedan seguir haciéndolo. La RB, al no estar condicionada, al ser universal, destinada a cada persona independiente de sus condiciones laborales y otras, hace innecesarias este tipo de estrategias, reduciendo tentaciones (Raventós 2016).

De esta forma se evita utilizar la picaresca del pequeño fraude como chivo expiatorio, que nos despista a la hora de aplicar la atención a lo importante, como es el reparto de la riqueza y la denuncia de quienes la acaparan en grado superlativo.

 

Lecturas y recursos Web recomendados

• Arcarons, J.  et al. 2013, “Un modelo de financiación de la Renta Básica técnicamente factible y políticamente no inerte”.
• Arcarons, J.  et al. 2014a, “Una propuesta de financiación de una renta básica en Gipuzkoa”. Ponencia presentada en el XIII Simposio de la Red Renta Básica.
• Arcarons, J.  et al. 2014b, “Un modelo de financiación de la Renta Básica para el conjunto del Reino de España: sí, se puede y es racional”.
• BBC, 2016. Switzerland's voters reject basic income plan. BBC, 05/06/2016.
• BIEN, Basic Income Network. About Basic Income.
• Bollain, J., 2016a. La renta básica incondicional irrumpe en las elecciones vascas.
• Bollain, J., 2016b. Otra encuesta, y ya van tres, sobre la renta básica incondicional.
• Bregman, R., 2014. Video: Why we should give everyone a basic income. TEDx.
• Camacho, I., 2016. Podemos propone duplicar el presupuesto de la renta básica en Euskadi.
• Comité DESC, Observación General 3ª, 1990, párrafo 4.
• Comité DESC, Observación General 9ª, La aplicación interna del Pacto, doc. ONU: E/C.12/1998/24, 3 de diciembre de 1998, párrafo 5.
• Comité DESC, Observaciones Finales: España, doc. ONU: E/C.12/ESP/C0/5, 18 de mayo de 2012, párrafo 8.
• Convenio de Colaboración, 2016. Entre la UPV/EHU y la Asociación Red Renta Básica.
• De Miguel, A., 2014. El Neo-Liberalismo Sexual: el mito de la libre elección. Ediciones Cátedra.
• Elgarte, J., 2008. Basic Income and the Gendered division of labour. Basic Income Studies, vol.3-1.
• Elias, A., 2015. La renta básica universal. Comunicación presentada en el 3º panel del II Congreso estatal de Centros Universitarios de Relaciones Laborales y Ciencias del Trabajo: "Las relaciones laborales ante el reto de una economía social y solidaria".
• Gajewska, K., 2014. How Basic Income will transform Active Citizenship? A scenario of Political Participation beyond Delegation. Paper presented at 15th International Congress of the Basic Income Earth Network, Montréal, Quebec.
• Gheaus, A., 2008. Basic Income, Gender Justice and the Costs of gender-symmetrical lifestyles. Paper presented at the 13th BIEN Congress in Dublin, 2008.
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(Autores: Ángel Elías Ortega de la UPV/EHU y Leire Rincón García de la Universidad de Barcelona)

Referencias

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	España y Europa ponen en riesgo derechos fundamentales al incumplir sus compromisos con la Cooperación. Informe Aid Watch 2016. Coordinadora Estatal de ONGDs. Las consecuencias pueden ser nefastas para la garantia de derechos como la educación, la sanidad etc.
	Romper el vínculo entre el clima extremo y la pobreza extrema. Banco Mundial. El nuevo informe del Banco Mundial concluye que los impactos de los fenómenos meteorológicos extremos sobre la pobreza son mucho más devastadores de lo que se pensaba, provocando pérdidas de USD 520.000 millones y empujando a 26 millones de personas a la pobreza cada año.
	Informe 2016: Las personas refugiadas en España y Europa. CEAR. 2016. En el último lustro, la diáspora del pueblo Sirio ha llevado al mundo a conocer el mayor éxodo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Se estima que la cifra de desplazamientos forzados en el mundo debió de superar en 2015 los 60 millones de personas.

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