El Boletín de recursos de información del Centro de documentación Hegoa vía e-mail es una propuesta de distribución de documentación en formato electrónico a los agentes sociales de la cooperación internacional de la CAPV. Cada número ofrece información básica sobre un tema destacado, del que se reseñan recursos de documentación actualizados, así como una sección fija de recursos sobre cooperación internacional.
Indice: Tema central :: Referencias
Resumen: El artículo analiza la Agenda 2030 atendiendo a sus pretensiones transformadoras de los modelos de desarrollo vigentes. Se describen sus principales fortalezas, sus contradicciones y las notables ausencias producto de la acción de actores globales según los límites que impone la actual distribución del poder global. La Agenda 2030 ha de ser interpretada políticamente para orientar los profundos cambios que pretende. Otras interpretaciones en marcha impedirían alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aumentando la amenaza global caracterizada por la exclusión y la insostenibilidad. Finaliza analizando los mecanismos de seguimiento y los desafíos para la participación política durante su implementación.
Abstract: This article analyses the 2030 Agenda focusing on its purpose of being transformative of current development models. It describes its main strengths, contradictions and notable absences, produced by global actors´ action according to the current limits on global power distribution. The 2030 Agenda has to be understood politically in order to drive the deep changes it pretends. Another understanding, which is going on, would prevent reaching Sustainable Development Goals, increasing the global threat characterized by exclusion and unsustainability. The article ends with the analysis of the monitoring mechanisms and the challenges for political participation during implementation period.
Palabras clave: Agenda 2030, Transformaciones, Poder, Desarrollo, Participación.
Keywords: 2030 Agenda, Transformations, Power, Development, Participation.
1. La Agenda 2030: muestrario de conflictos fundamentales al inicio del S.XXI.
En septiembre de 2015 se aprobó en la Asamblea General de Naciones Unidas (AGNU), la nueva agenda internacional de desarrollo, que está contenida en la resolución “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible”. Esta nueva agenda sustituye a los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) que estuvieron vigentes entre 2000 y 2015, como conjunto de metas específicas sobre diversas cuestiones de desarrollo. En esta ocasión, la Agenda 2030 se compone de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que, por un lado incorpora los ODM pendientes de alcanzar (lucha contra el hambre, reducir mortalidad materna e infantil, aumentar acceso a agua potable y saneamiento básico, entre otros) y por el otro amplía el foco de atención sobre nuevas cuestiones que no estaban contempladas anteriormente (acceso a energía, desigualdad de renta, crecimiento económico y trabajo decente, urbanismo e industrialización sostenible, producción y consumo sostenibles, lucha contra el cambio climático, sociedades pacíficas y justas, entre otras).
Figura 1. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Cada uno de los 17 ODS se concreta en metas específicas y concretas respecto del plazo y el contenido de lo que se pretende alcanzar. Son en total 169 metas, frente a las 60 que tenían los ODM. Además, a diferencia de las antiguas metas, en esta ocasión entre las 169 hay 43 metas no definidas por resultados finalistas, sino que tratan de orientar la acción política. Son las referidas a los medios de implementación.
La Agenda 2030 ha sido construida tras dos largos años de debates y consultas múltiples y variadas en las que organizaciones sociales, empresas multinacionales, e incluso personas individuales han podido realizar aportaciones. El complejo proceso de elaboración de la Agenda 2030 ha mostrado las tensiones en la distribución del poder global, lo que se refleja en el análisis de la Agenda como resultado, que está marcado por los límites del sistema de relaciones de poder transnacionales del que surge, tal como se analiza en el Informe de la Plataforma 2015 y más (Martínez Osés, 2015). Aunque su formato aparente un consenso entre todos los países, la Agenda 2030 es más bien un agregado de diferentes perspectivas, prioridades e intereses de muy diversos actores. La Agenda 2030 debe entenderse antes como un muestrario de desafíos y contradicciones que como un programa consensuado y listo para ser implementado. Los 17 ODS de la nueva agenda muestran tanto los desafíos por enfrentar como los límites que el actual sistema internacional y la correlación de fuerzas entre diferentes actores y sus prácticas imponen ante dichos desafíos. En consecuencia, para que la Agenda 2030 sirva como orientación para las transformaciones que se propone, es preciso interpretarla políticamente, es decir, analizando cuáles son los cambios en las actuales relaciones de poder que tienen que producirse durante el periodo de implementación para que las transiciones hacia un mundo más sostenible, equitativo, justo y pacífico sean algo más que retórica de las relaciones internacionales (Martínez Osés y Martínez, 2016). Pensar la Agenda 2030 como un consenso alcanzado y cerrado, obviando las contradicciones que contiene y la ausencia de orientaciones para las cuestiones sistémicas, es contribuir a que las actuales dinámicas de empobrecimiento, inequidad e insostenibilidad crecientes continúen su dramática marcha hacia un mundo progresivamente más inseguro, más incierto, más deteriorado y amenazado ambientalmente y más excluyente para cada día una mayor cantidad de personas.
2. Integralidad y universalidad: ambición y alcance de las transformaciones.
La Agenda 2030 contiene novedades muy relevantes, que impelen a modificar algunos patrones de entendimiento respecto de las prácticas políticas más habituales así como respecto de muchas de las prácticas cotidianas que definen los sistemas de producción de bienes, de distribución y de consumo, y la relación de los mismos con la naturaleza. En definitiva, la Agenda 2030 exige repensar las dinámicas de reproducción social vigentes, basadas en la explotación ilimitada e inequitativa de los recursos comunes, en el progreso individual finalista y en la mercantilización de cada vez más esferas de la vida. Repensarlas es también reconocerlas, reforzarlas y apuntalarlas. No tanto inventarlas como descubrir cuáles son los procesos económicos, sociales y políticos que ya existen y que reproducen la vida desde los cuidados, que intercambian bienes y valores desde lógicas sostenibles y justas. Ante la Agenda 2030 el principal desafío político es lograr imponer aquellas prácticas alternativas que están actualmente reproduciéndose de manera más o menos marginal respecto de los discursos hegemónicos determinantes para las tomas de decisión política.
La Agenda 2030 puede resumirse con la incorporación de tres principios rectores y dos ejes de transversalidad. Todos estos elementos constituyen la principal novedad y la mejor noticia que la Agenda 2030 significa. Como principios rectores la universalidad, la integralidad y el carácter transformador están presentes y subrayados en numerosas ocasiones a lo largo de toda la declaración. Por otro lado, las cuestiones referidas a un marco de sostenibilidad y a la reducción de la inequidad entre colectivos y personas constituyen no sólo el objeto específico de algunos ODS, sino los principales ejes de transformación de las dinámicas actuales señalados en la Agenda 2003.
La universalidad de todas las metas indica que absolutamente todos los países deben sentirse comprometidos con los ODS, puesto que ningún país del mundo, independientemente de su grado relativo de riqueza o desarrollo, puede considerarse adecuadamente desarrollado. Hay evidencias de que los países ricos deben cambiar sus modelos actuales de desarrollo porque los actuales no son universalizables para todas las personas del planeta. Es preciso prescindir de la lógica Norte-Sur que divide a los países del mundo en función de los niveles de desarrollo medio, para comprender que las dinámicas de empobrecimiento, exclusión e insostenibilidad son principalmente de carácter transnacional y por lo tanto comunes al conjunto de países aunque se expresen de forma diferente según las condiciones previas y las relaciones de poder que se den entre territorios, colectivos y personas. En consecuencia la Agenda 2030 ya no se limita a exponer metas para la cooperación internacional, sino que apela a todas las políticas públicas de todos los países, que deben lograr las transformaciones propuestas.
La integralidad indica que todas las metas son igual de importantes, de forma que no se puede priorizar ni jerarquizar ninguna sobre el resto. El desarrollo sostenible está definido como un proceso multidimensional que debe atender conjuntamente las dimensiones sociales, económicas y ambientales. Un progreso que sólo atienda a algunas de dichas dimensiones es un mal progreso. Por ejemplo crecimiento económico a costa de la justicia social o a costa de consumir recursos naturales escasos no es desarrollo sostenible. En este sentido la Agenda 2030 invita a abandonar posiciones de carácter economicista que aún constituyen el núcleo duro de las agendas políticas de los gobiernos, subordinando el resto de dimensiones a consideraciones más dogmáticas que demostradas sobre macroeconomía y crecimiento económico. Incluso en el ODS 8, dedicado específicamente a alentar el crecimiento económico éste viene condicionado por su carácter sostenido, inclusivo y sostenible, tres calificativos condicionantes que acompañan en la declaración al término crecimiento económico en todas y cada una de las ocasiones en que aparece, algo muy distinto de la actual concepción de crecimiento económico medido habitualmente en términos de aumento del PIB.
El carácter transformador de la Agenda 2030 queda subrayado desde el mismo título de la declaración “Transformar nuestro mundo” y parte de un diagnóstico compartido por el conjunto de actores relevantes de la comunidad internacional, que deciden impulsar dicha declaración. La misma establece en forma de metas para dentro de 15 años una serie de cambios en las condiciones vitales del planeta y de las personas que lo habitan. El hecho de que el lenguaje de la misma se caracterice por expresiones positivas y alentadoras respecto de algunas dinámicas mundiales, como es habitual en el contexto diplomático propio de las Naciones Unidas, no oculta el enorme calado de los desafíos para hacer frente a las amenazas globales preservando la integralidad y la universalidad de las soluciones. Incluso desde una perspectiva de análisis lineal, meta por meta, obviando las interrelaciones que impone la lógica multidimensional, muestra que con las tendencias actuales ninguno de los ODS se cumplirían en el plazo fijado. Un estudio preliminar así lo indica, mostrando que en el mejor de los casos hay que acelerar los cambios, en la mayoría de ellos hay que triplicar o cuadruplicar el ritmo de los progresos y en varios de ellos hay que revertir las tendencias actuales, tal como muestra el informe “Projecting progress: reaching the SDGs by 2030”, publicado por el Overseas Development Institute.
Precisamente hay que revertir las actuales tendencias en materia de sostenibilidad ambiental y desigualdades. Ambas cuestiones atraviesan a todos y a cada uno de los ODS constituyendo los ejes transversales temáticos de la declaración. Ninguna de estas cuestiones estaban recogidas en la anterior agenda constituida por los ODM. Ambos ejes están igualmente relacionados entre sí, indicando que la única solución a los desafíos globales pasa por transitar hacia prácticas y modelos de producción y consumo que sean tan sostenibles ambientalmente como justos en términos socioeconómicos (Prato, 2016). Cualquier otra solución nos lanza hacia un complejo escenario marcado por el deterioro de los recursos naturales y por la exclusión de las mayorías. En definitiva, si el desarrollo sostenible ha de ser algo más que una entelequia retórica, y puede constituir una guía efectiva para la acción política de los diferentes actores, sólo puede serlo atendiendo a los límites que impone la naturaleza y la pretensión de universalidad. De forma que todo el accionar político debe ser repensado y rediseñado en el espacio contemplado entre ambos límites, tal y como sugiere el gráfico siguiente, conocido como el “donut”, que forma parte de una iniciativa para profundizar sobre cómo debe repensarse el crecimiento, el desarrollo y el progreso a partir de este espacio seguro y justo para la Humanidad.
Figura 2. El donut de los límites sociales y planetarios
Fuente: K. Raworth (2012), “A safe and just space for humanity: Can we live within the doughnut?” discussion paper, Oxfam, Oxford, based on J. Rockström et al. (2009), “A safe operating space for humanity”, Nature, Vol. 461, pp. 472-475
3. Propuestas limitadas y ausencias graves para un diagnóstico compartido.
El hecho de que la Agenda 2030 recoja esencialmente un diagnóstico sobre los principales desafíos globales, no es suficiente para poder considerar dicha agenda como un programa político compartido globalmente. Las 43 metas destinadas a orientar las acciones políticas conocidas como medios de implementación no sólo no son precisas sino que no incorporan de manera suficiente las orientaciones necesarias para motivar políticas transformadoras. Dicho de otra forma, el hecho de que los actores con más influencia y poder en el ámbito global hayan aceptado incorporar un discurso sobre los desafíos y las transformaciones, no quiere decir que estén dispuestos a aceptarlos en el ámbito de la implementación. Así la Agenda 2030 combina grandes dosis de ideas y valores declarativos con propósito normativo y ético con escasez de medidas políticas concretas y una ausencia de acuerdos vinculantes para ninguno de los actores. En realidad, la declaración se ha cuidado mucho de configurarse de forma que pudiera ser aceptada por el actual marco de políticas económicas de corte neoliberal sin alternativas posibles, lideradas por gobiernos, élites de ciertos sectores económicos, grupos de intereses corporativos e instituciones que son quienes nos han llevado hasta el actual marco de insostenibilidad e inequidad. La construcción de la Agenda 2030 ha estado claramente supeditada a dichos intereses, y el riesgo actual es que el periodo para la implementación termine por legitimar su privilegiada posición (Reflection Group, 2016).
La mayoría de los medios de implementación han quedado recogidos en el ODS 17, heredero el antiguo ODM 8, puesto que pretende “Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”. Las menciones a dicha Alianza son tan numerosas como imprecisas a lo largo de la declaración. Constituyen poco más que la apelación obvia a la responsabilidad compartida de gobiernos, sector privado y organizaciones de la sociedad civil en la implementación de la Agenda 2030. Dicha apelación es tan obvia como intranscendente si no va acompañada de un análisis político de las potenciales alianzas por constituir, que permita diferenciar las responsabilidades, atribuir tareas específicas a según qué tipo de actores nos refiramos. Que las responsabilidades sean compartidas no significa que todos los actores dispongan de la misma capacidad ni de la misma necesidad de asumir las mismas tareas. No es suficiente con que los actores asuman el discurso que significa la Agenda 2030, mostrando de diferentes formas que se suman al terrible diagnóstico y al bienintencionado propósito de contribuir a los cambios. En el ámbito de la sostenibilidad ambiental el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas tiene ya cierto recorrido, habiendo logrado que cale entre la opinión pública que hay actores (y/o países) con mayor responsabilidad en el aumento de contaminación o en su efecto en forma de cambio climático y por lo tanto con una mayor capacidad efectiva de revertir ambas amenazas. A pesar de numerosas propuestas realizadas durante las discusiones para la construcción de la Agenda, precisamente los actores con mayor responsabilidad han logrado impedir que dicho principio articule la constitución de la Alianza pretendida.
Esto es evidente si analizamos por qué la Agenda 2030 no incorpora medidas concretas respecto de la regulación financiera internacional, sobre la transparencia fiscal y la lucha contra la elusión, o respecto de los acuerdos comerciales y las vías políticas para lograr la protección de los negocios de pequeños productores. De igual forma que la remisión del ODS 13 a los acuerdos en las Conferencias de Partes sobre Cambio Climático no garantiza avances concretos. Las denominadas cuestiones sistémicas han sido relegadas una y otra vez de las discusiones, evitando alcanzar compromisos políticos que pudieran orientar las transformaciones pretendidas. Aunque no todas, muchas de estas cuestiones sistémicas se fueron relegando para su discusión en el ámbito de la Conferencia Mundial sobre Financiación para el Desarrollo que, a juicio de todas las organizaciones sociales y la gran mayoría de los países, impidió cualquier acuerdo relevante para mantener la legitimidad de los actores privilegiados por los actuales marcos de desregulación financiera y fiscal, como indican diversos análisis. No se trata de una cuestión menor, más bien al contrario, ya que los medios de implementación son el test decisivo para valorar el nivel de compromiso de los países desarrollados con la Agenda 2030 y éste no puede ser más desalentador. Por eso conviene afirmar con claridad que los medios de implementación de la Agenda 2030 son claramente inadecuados e insuficientes, en un contexto político marcado por el poder del sector privado transnacional sobre el capital disponible —facilitado por el marco de políticas desreguladoras en la materia—, en el que el papel que se le otorga a las organizaciones sociales es el de comparsa de las actuales estructuras de poder transnacional (Prato, 2016).
4. la implementación de la Agenda 2030: Niveles, alianzas y seguimiento.
Desde que en enero de 2016 comenzó oficialmente el periodo de implementación de la Agenda 2030, la cuestión del seguimiento de los compromisos se ha convertido en una cuestión crucial. Aunque, como ya hemos comentado antes, no debe considerarse la Agenda como una agenda resuelta y cerrada, sino que precisa de interpretación política para resolver contradicciones y límites que contiene la declaración, el actual campo de juego para dicho trabajo de interpretación es el del marco de seguimiento. Se trata en definitiva, de responder a las amenazas de cooptación y legitimación de la actual distribución del poder, influyendo en las adaptaciones nacionales y subnacionales de la agenda, así como en la selección del marco de análisis de los avances y de los indicadores más apropiados para conservar y reforzar los principios rectores (integralidad, universalidad y carácter transformador) y los ejes transversales (sostenibilidad e igualdad).
Naciones Unidas ha puesto en marcha dos niveles de seguimiento de la agenda 2030 diferentes y complementarios. Por un lado el Marco de indicadores mundiales elaborado mediante un complejo proceso, aún inacabado, liderado por la Comisión de Estadística del ECOSOC (UNSTATS), cuyos principales productos a día de hoy son la definición de los 230 indicadores mundiales para el seguimiento de los ODS (IAEG-SDG 2016a) y el primer informe de seguimiento The Sustainable Development Goals Report 2016 (United Nations 2016b) que sirve como punto de partida para la implementación que recoge en formato maquetado, con gráficos y cuadros, el contenido del Informe del SG publicado en junio de 2016 y titulado Progresos en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (UN-SG 2016). El esquema general sigue el análisis cuantitativo de cumplimiento de los indicadores meta por meta de los 17 ODS para los que existen datos suficientes, desde una perspectiva mundial y tomando las agrupaciones regionales clásicas en este tipo de informes de NNUU.
Las discusiones en torno al aparato estadístico y en particular la selección de los indicadores, muestra con claridad que más allá de la necesidad de invertir en la recogida y sistematización de datos a nivel global, es una cuestión de alto calado político y no un asunto meramente técnico como muchos pretenden. Por poner algún ejemplo, resulta inexplicable que el IAEG-SDG haya descartado el Índice de Palma y otros relativos a la capacidad redistributiva de las políticas fiscales para medir las desigualdades (ODS 10), habiendo sin embargo establecido como indicadores el porcentaje de crecimiento de la renta del 40% más pobre (10.1.1) o el porcentaje de PIB en salarios y transferencias sociales (10.4.1). Resulta obvio que la reducción de desigualdad que puede medirse con estos indicadores deja fuera cuestiones tan relevantes para la misma como el comportamiento de las rentas del 10% más rico, o la capacidad de ampliar el margen fiscal en el ámbito del capital, de forma que el sentido de la meta original queda completamente desfigurado (Donald 2016). Esta misma situación afectará a varias metas que ya algunos denominan “metas huérfanas” (Adams 2015; Donald 2015) y a otras que al interpretarlas sesgadamente quedan redefinidas generalmente con menor alcance y ambición (Bissio 2016).
Todavía a día de hoy sólo 81 de los 230 indicadores son considerados aceptables en su metodología y con suficientes datos disponibles, 88 de ellos son objeto de discusión en sus estándares y metodología. Existe un plan de trabajo para el desarrollo de cada uno de estos indicadores lo que significa que el marco de seguimiento no estará completo hasta dentro de algunos años. Ni que decir tiene que la mayoría de los indicadores que podrían responder con mayor acierto a las principales novedades de la Agenda 2030 se encuentran en este grupo pendiente de desarrollar.
Por otro lado disponemos del Global Sustainable Development Report 2016 (United Nations 2016a) publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales del ECOSOC durante la celebración del High Level Political Forum on Sustainable Development (HLPF-SD) en julio de 2016. Este informe ha contado con la participación de 245 científicos y expertos de 27 países diferentes además de 20 agencias, departamentos y programas del sistema de NNUU. El propósito de este informe es diseñar una evaluación de evaluaciones, presentando una serie de perspectivas científicas de relevancia política, puesto que trata de explorar enfoques científicos que puedan informar la acción política en relación a la implementación de la agenda 2030. Su aproximación a la agenda se centra en la integración y en los vínculos entre los ODS, los diferentes sectores y problemáticas a los que se refieren, confirmando la complejidad y la interdisciplinariedad de las problemáticas del desarrollo sostenible, que involucran relaciones complejas entre las dimensiones económica, social y ambiental.
El propósito de este informe es doble, por un lado generar una interface entre conocimiento científico y gestión política replicando para el desarrollo sostenible lo que ha significado el IPCC para el cambio climático. Se trata de mostrar evidencias sólidas de los efectos que las acciones e intervenciones políticas tienen sobre las condiciones de desarrollo. El segundo propósito es promover la necesidad de un enfoque integrado para examinar los ODS, consecuente con la consideración multidimensional e integral de los procesos de desarrollo. En su primera edición analiza algunas de las interrelaciones y nexos entre desarrollar infraestructuras, reducir las desigualdades y construir resiliencia, cuestiones contempladas en 15 metas de 9 ODS diferentes. Muestra cómo una intervención en una de esas áreas puede afectar en las otras positivamente (sinergias) o cómo una mejora en una puede generar un empeoramiento en otra (trade off), y cómo estas relaciones pueden cambiar condicionadas a ciertos niveles previos de infraestructura, desigualdad y resiliencia. Así establece recomendaciones políticas particularizadas a diferentes entornos (i. e. Rurales y urbanos) para reforzar las sinergias y superar los trade-offs.
5. Conclusión: Participación política multinivel para las transformaciones.
Sintéticamente podemos afirmar que con la Agenda 2030 no encontramos ante un desafío de grandes proporciones, similar al que encontramos en otras cuestiones de orden global. O bien se limita a constituir una declaración más de las que abundan en el sistema de relaciones internacionales en el ámbito de la denominada soft law que sólo influirían mediante la incorporación de discursos normativos, o bien es utilizada como palanca para construir un nuevo marco político que cuestione los fundamentos discursivos y prácticos de la vigente noción de desarrollo.
En el primero de los casos, la Agenda 2030 cuenta con numerosas contradicciones, limitaciones e insuficiencias destinadas a impedir el cuestionamiento de la actual distribución del poder global, tratando de legitimarlo. De esta manera ampliaríamos las actuales contradicciones entre el discurso normativo y la real politik, que están minando la confianza de la ciudadanía en sus instituciones de representación política, arrojando las esperanzas a la voluntad de los principales poderes económicos y políticos cada día más alejados del clásico concepto de soberanía popular democrática.
No obstante, la Agenda 2030 proporciona algunas oportunidades para responder a las tendencias más preocupantes que caracterizan un mundo con múltiples crisis. Pero cualquier respuesta que persiga las transformaciones pretendidas debe evitar la visión tecnocrática y despolitizada de la Agenda 2030 y en particular de su apelación a una alianza multistakeholder sin asunción de responsabilidades claras. Lo que está en juego es precisamente abrir espacios de participación multinivel, que defiendan y extiendan un contrato social basado en la consideración de las personas como right holders. El enfoque de derechos no ha salido bien parado de la construcción de la agenda, ni en la definición de las metas ni en la posibilidad de alcanzar acuerdos que pudieran ser objeto de justicia legal. Mientras el marco de voluntariedad sea el que prime a la hora de concretar los compromisos de los actores con más privilegios y poder global, las transformaciones seguirán pendientes de que la participación política de las organizaciones sociales interpreten políticamente cada una de las metas, así como de los mecanismos de seguimiento para su cumplimiento.
La Agenda 2030 por su carácter universal e integral ofrece numerosos espacios para dicha participación, desde el territorio hasta los espacios transnacionales de negociación sobre mecanismos de gobernanza global. Desde los niveles más locales de la administración hasta los espacios globales de incidencia y configuración. En todos ellos hay riesgos de cooptación y de despolitización, por lo que en todos ellos puede promoverse la resistencia y la politización. Ambos son los ejes principales para articular una respuesta a la altura de los desafíos de nuestro tiempo.
World Development Indicators 2016. World Bank. Lo Indicadores del Desarrollo se centran ya en el análisis de los ODS. Para cada unos de los 17 ODS se incluye las tendencias e indicadores en relación a las metas fundamentales. |
|
Un año de agenda 2030 en España: Mucho por hacer. Intermón Oxfam, 2016. Se constata el estancamiento de España en el cumplimiento de la agenda 2030, escudándose en la excepcional situación política desde diciembre 2015. Sin embargo, las verdaderas razones son la falta de voluntad política y una mala compresión del principio de universalidad. La aplicación de los ODS es un gran reto, difícil pero no imposible |
|
Informe Mundial sobre Ciencias Sociales 2016: Afrontar el reto de las desigualdades y trazar vías hacia un mundo más justo. UNESCO, Consejo Internacional de Ciencias Sociales (CICS), Instituto de Estudios para el Desarrollo (Reino Unido). El informe señala las lagunas que persisten en materia de datos sobre las desigualdades en diferentes partes del mundo y aboga por una investigación más robusta en relación a la desigualdad económica y otras formas de desigualdad como de género, educación y salud | |
Global Partnership for Effective Development Co-operation Nairobi, Kenia (28 de noviembre al 1 de Diciembre 2016). 2ª reunión de Alto Nivel (HLM2), Alianza Global para una Cooperación al Desarrollo Eficaz creada en en la cumbre de Busán de 2011. Cuenta con un documento final de Nairobi y aporta un informe sobre el avance de la eficacia de la ayuda: Making Development Co-operation More Effective. | |